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Violencia de Género

Delito de Violencia de Género

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¿Qué es el Delito de Violencia de Género?

 Reflexiones a algo que debes saber.

 El delito de violencia de género, al contrario que la gran mayoría de los recogidos en el Código Penal, carece de capítulo o título específico propio en dicho cuerpo legal, y carece también de una tipificación única y separada de los demás delitos, porque no tiene una existencia independiente de la de estos. Iremos, por tanto, viendo las más importantes menciones que al respecto recoge el Código Penal.

En el artículo 22, dedicado a las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, se incluye expresamente la comisión del delito por razones de género. Por tanto, se trata de una agravante en el sentido general. Sin embargo, existen referencias específicas a lo largo del articulado del código.

La expresión delito de violencia de género suele hacer referencia a las conductas descritas en el título III, relativo a las lesiones. En su artículo 148 se establece el tipo agravado del delito de lesiones cuando concurra, entre otras, la circunstancia de que la víctima fuese o hubiese sido esposa del autor, o mujer ligada a él por relación análoga de afectividad aunque no se hubiese producido convivencia de ambos. La pena prevista es de prisión de dos a cinco años, mientras para el tipo básico del delito citado es de prisión de tres meses a tres años, o multa de seis a doce meses.

Al igual que ocurre en este caso, otros delitos violentos adquieren la condición de delito de violencia de género, agravándose la pena, cuando el Código Penal añade a su regulación específica la referencia a la mencionada circunstancia: que la víctima sea o haya sido esposa del autor, o mujer ligada a él por relación análoga de afectividad, aun en ausencia de convivencia.

Así, el artículo 153, que trata las lesiones de menor gravedad o producción de menoscabos psíquicos, prevé expresamente el caso de que concurra la repetida circunstancia, aumentándose ligeramente la pena prevista para la generalidad de los supuestos.

El 171, por su parte, establece el castigo para quien realice amenazas de un daño que no constituya delito: será de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. Pero quien amenace, de modo leve, a quien sea o haya sido su esposa, o mujer unida al autor en las condiciones ya mencionadas, será castigado con pena de prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad y, en cualquier caso, con la prohibición temporal de portar armas.

En el siguiente artículo, de forma casi idéntica, se dispone la pena de prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad, para el que coaccione de modo leve a quien sea o haya sido su esposa, o mujer ligada a él por similar relación afectiva. La coacción leve, en el común de los casos, está penada con multa de uno a tres meses.

Por otro lado, pero en íntima relación con el delito de violencia de género, hay que recordar que, en materia de suspensión de ejecución de las penas privativas de libertad, el artículo 83 precisa que el juez podrá tomar la decisión de condicionar dicha suspensión al cumplimiento de determinadas circunstancias que se relacionan en el precepto. No obstante, cuando el delito haya sido cometido sobre una mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado unido a ella por relación de similar afectividad, algunos de esos deberes y prohibiciones deberán serle impuestos necesariamente al autor (la prohibición de aproximarse a la víctima, la de residir en un lugar determinado o visitarlo, y el deber de participar en programas formativos, laborales y otros análogos).

¿Qué es el Delito de Violencia Doméstica?

Diferencias entre Violencia de Género y Doméstica.

Al igual que ocurre con el de violencia de género, el delito de violencia en el hogar o violencia doméstica, no cuenta con una tipificación legal que responda estrictamente a tal expresión. Ambos conceptos, violencia de género y violencia doméstica, aparecen estrechamente vinculados en la regulación de nuestro Código Penal y están presentes en diferentes preceptos del mismo.

El delito de violencia en el hogar hace referencia genérica a todos aquellos casos de violencia ejercida y desarrollada dentro del núcleo familiar, por lo que el número y la variedad de supuestos concretos que abarca el planteamiento puede ser considerable. No obstante, el artículo 173 del código juega un papel central, y la relación de posibles víctimas que recoge es la referencia a la que se remiten otros muchos artículos del texto legal.

El párrafo dos del citado precepto prevé la pena de prisión de seis meses a tres años, prohibición temporal de portar armas y, en su caso, inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, guarda, curatela o acogimiento, para ciertas conductas que responden a la noción de delito de violencia en el hogar. Estas conductas están definidas y condicionadas por el vínculo que une a autor y víctima, y su tratamiento penal responde a la intención de otorgar una especial protección al ámbito doméstico.

Así, se refiere el párrafo a quien ejerza de forma habitual violencia, sea física o psíquica, sobre una serie de personas con quienes guarda el delincuente particular relación. El primer caso (cónyuge o persona ligada al autor por análoga relación de afectividad) pertenece a la esfera propia de la violencia de género, y los restantes a la violencia doméstica: se trata de los descendientes, ascendientes o hermanos, sean propios o del cónyuge o conviviente y lo sean, asimismo, por naturaleza, afinidad o adopción; y los menores o personas discapacitadas que convivan con el autor y se hallen necesitadas de especial protección, así como los que se hallen bajo la tutela, curatela, potestad, guarda o acogimiento del cónyuge o conviviente. Para englobar otras posibilidades se hace referencia, finalmente, a cualquier persona amparada por una relación que la haya integrado en el núcleo de la convivencia familiar y, además, a aquellas custodiadas o guardadas en centros al efecto, sean públicos o privados.

Las penas se impondrán en su mitad superior en el caso de que los actos violentos tengan lugar, entre otros supuestos, en el domicilio común. Por lo que se refiere a qué ha de entenderse por habitualidad a estos efectos, dispone el tercer párrafo que se tendrá en cuenta el número de acciones de naturaleza violenta que se puedan acreditar y la proximidad temporal de las mismas.

La protección del entorno familiar que da sentido a la configuración del delito de violencia en el hogar está, como se ha dicho, presente en otras disposiciones del Código Penal. Así, en el artículo 148 se incluye, dentro de los supuestos que definen el tipo agravado del delito de lesiones, el de que la víctima conviviese con el autor y fuese una persona particularmente vulnerable. Otro tanto ocurre con el delito leve de amenazas que recoge el artículo 171, donde además se dispone que las penas se impongan en su mitad superior cuando el delito se cometa en el domicilio común. El mismo caso nos encontramos en el artículo 172, que castiga la conducta de quien ejerza coacciones de modo leve.

En todos los supuestos mencionados, las referencias al domicilio común y a la pertenencia de la víctima al núcleo familiar van ligadas a la mención, en los mismos términos, de las personas que se han de entender incluidas en el ámbito del delito de violencia de género.

¿Qué es la violación de Orden Protección y Alejamiento?

Delito de violación Orden de Protección y Alejamiento.

Las órdenes de protección y alejamiento son dos instrumentos jurídicos diseñados para amparar los derechos de determinadas personas en determinadas circunstancias.

Las órdenes de protección se pueden definir como resoluciones judiciales que, a través de un rápido y sencillo procedimiento ante el juzgado, permiten a las víctimas de la violencia doméstica obtener una protección integral, puesto que en la orden es posible la inclusión, de forma conjunta, de medidas que impidan que el agresor se pueda aproximar de nuevo a la persona agredida y de otras capaces de otorgar seguridad y defensa a la víctima y a su familia, todo de manera ágil y eficaz.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal dedica su artículo 544 ter a las órdenes de protección. Dispone que procederán cuando existan indicios fundados de la existencia de delitos contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual o la libertad o seguridad de las personas que pueden ser víctimas de violencia doméstica, y cuando, además, resulte de ello un riesgo objetivo para dichas personas que requiera la adopción de las medidas previstas.

Las órdenes de protección pueden ser solicitadas ante las oficinas de los órganos administrativos competentes, ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ante el Ministerio Fiscal o directamente ante el órgano judicial. Serán dictadas por el juez y contendrán las oportunas medidas cautelares civiles y penales, y aquellas otras de carácter asistencial o social previstas por el ordenamiento. Las medidas cautelares de índole penal podrán consistir en cualesquiera de las que contempla la legislación procesal criminal.

Como se puede comprobar, las órdenes de protección se configuran como una herramienta judicial concebida para dar respuesta inmediata a situaciones de riesgo objetivo para las víctimas de violencia doméstica, que comprende y activa en una única resolución medidas de diferente carácter dirigidas a garantizar la protección y la seguridad de aquellas.

Una de las medidas penales concretas que pueden formar parte de dicha resolución son las órdenes de alejamiento. El artículo 48 del Código Penal las regula dentro de las penas privativas de derechos, pero también contempla la posibilidad de su adopción como medida cautelar. El primer párrafo se refiere a la prohibición impuesta al delincuente de acudir a ciertos lugares (donde se haya cometido el delito o donde viva la víctima o su familia) o de residir en ellos. El segundo, a la prohibición de acercarse a la víctima u otras personas que pueda determinar el juez. Por último, el párrafo tercero se ocupa de la privación de comunicación con la víctima por parte del autor del delito, lo que incluye cualquier tipo de contacto por cualquier medio de comunicación. El juez podrá decidir que el control de tales medidas se lleve a cabo mediante aquellos medios electrónicos que lo hagan posible.

A las órdenes de alejamiento hace referencia el artículo 57 del mismo texto legal, al establecer que los jueces y tribunales podrán acordar su imposición, entre otros casos, cuando se trate de supuestos de delitos de homicidio, lesiones, aborto, torturas, delitos contra la libertad o contra la integridad moral, trata de seres humanos, delitos contra la intimidad, la propia imagen o la inviolabilidad de domicilio y delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

Prevé, por último, el Código Penal, el castigo que habrá de imponerse a quienes quebranten alguna de las penas contempladas en el citado artículo 48. Se enfrentan a prisión de seis meses a un año, que será impuesta también si la prohibición dictada con base en el artículo 48 tuviera naturaleza de medida cautelar o de seguridad en un proceso penal en el que la víctima fuese alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2.

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